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Fiscalía regional de Zamora está vendida, denuncia Consejo Supremo Indígena

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2021.- Fiscalía se Zamora es una institución corrupta que recibe sobornos de talamontes y productores ilegales de bosques, así lo denunciaron comería de Ocumicho, del municipio de Charapan, quienes denunciaron, la fiscalía en mención recibió 500 mil pesos para hacer caso omiso por las denuncias que presente cualquier integrante de la comunidad relacionada con la tala y cambio de uso de suelo en el cerro San Ignacio, donde han devastado alrededor de 400 hectáreas de bosque.

“El cerro está pelón, ya no hay árboles, ni la Fiscalía ni la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) no nos hacen caso, y es porque están recibiendo dinero delos mismos talamontes y de grupos criminales que nos amenazan y roban nuestro patrimonio natural”, denunció Esteban Cruz Rosas, originario de esa comunidad.

Respaldados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, detallaron que en una asamblea comunitaria otro comunero apodado El Luna, aprovechó la reunión para advertirles que todas las denuncias que hicieran ante o Fiscalía regional de Zamora, jurisdicción a la que pertenecen, o ante la Profepa, no tendrá ningún efecto, “ya comprobamos que sobornaron a la fiscalía y a la Profepa, ninguna de las denuncias que hemos puesto ha podido avanzar”, expuso el comunero de Ocumicho.

En una rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Morelia, los integrantes del autodenominado Consejo Supremo Indígena, comandados por su dirigente Pavel Ulianov, denunciaron también que están a merced de la delincuencia organizada que opera en esa región, porque además no se les da oportunidad de defenderse a través de sus usos y costumbres por una ronda comunitaria, la cual sólo cuenta con 4 armas que habían sido proporcionadas por la pasada administración municipal y ahora pesa sobre ellos una denuncia por abuso de confianza en la que se les exige regresen el equipo táctico proporcionado.

Agregaron que más allá dela denuncia por despojo de tierras, se está cometiendo un ecocidio en el cerro San Ignacio, el cual provee de servicios naturales a la población y otras comunidades aledañas, pero hasta el día de hoy ni la federación, a través de la Profepa, ni el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía, han detenido estas afectaciones que están acabado con la flora y la fauna en la comunidad.

“Presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía de Zamora por cambio de uso de suelo, pero, obvio, no prosperó porque uno de los que está traicionando a nuestra comunidad le ofreció medio millón de pesos a la fiscalía, él nos lo dijo en una asamblea, las dos armas que traen ustedes para nosotros son resorteras, en el momento en que queramos podemos acabar con ustedes. La misma Fiscalía nos dijo que no ha lugar a la denuncia presentada, y cuando fuimos a la Profepa, donde también tuvieron injerencia las mismas personas, que no a ejercicio de la acción penal”, refirió Esteban Cruz, tras leer las respuestas que por escrito turnaron a los comuneros tanto la Fiscalía como la Profepa en sus oficinas de Uruapan, Michoacán.

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